Los pequeños aviones no tripulados tienen infinidad de aplicaciones, pero amenazan el derecho a la intimidad

Varios Gobiernos preparan normas para regular su uso

Que el cielo observe nuestras conductas ya no es solo una cuestión de fe. Pequeños vehículos aéreos no tripulados (drones) equipados con instrumentos de vigilancia de gran precisión sobrevuelan no solo algunos escenarios de zonas en conflicto, sino también la vida civil cotidiana de muchos ciudadanos. El director del FBI, Robert Mueller, reconoció el pasado 19 de junio ante el Congreso estadounidense que su agencia ya los utiliza para tareas de investigación en el espacio aéreo nacional. “Muy esporádicamente”, precisó. Pero, tras las recientes revelaciones sobre los masivos e indiscriminados registros de comunicaciones practicados por el espionaje estadounidense y autorizados por los jueces locales, la precisión de Mueller no resulta totalmente tranquilizadora.

Desarrollados por la industria de Defensa para fines militares, estos aparatos no tripulados tienen aplicaciones civiles que se perfilan extraordinariamente útiles tanto para organismos públicos como para privados. Equipos de distintas dimensiones y características pueden desempeñar con gran eficacia tareas de detección temprana de incendios, vigilancia y cuidado de terrenos agrícolas (necesidades de riego, lanzamiento de fertilizantes o insecticidas, etcétera), inspección de la seguridad de infraestructuras como oleo y gasoductos, control de fronteras, misiones científicas, transporte de mercancías o cobertura de asuntos de interés mediático. La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn anunció recientemente su intención de utilizar helicópteros no tripulados y equipados con cámaras de radiación infrarroja para defender los trenes de los grafiteros y del vandalismo. Las posibilidades son realmente infinitas y permiten ahorrar costes e incluso vidas humanas.

Pero entre los escenarios que se abren también figuran nuevas e inquietantes oportunidades de vigilancia. Estos aparatos pueden ser muy pequeños, muy precisos y muy baratos, con lo cual podrían utilizarse de manera masiva y sin ser apenas percibidos. Algunos modelos pesan menos de un kilogramo y cuestan pocos miles de euros. Es decir, que no solo están al alcance de administraciones públicas o ejércitos, sino también de un buen número de potenciales compradores privados.

De momento, el uso de estos aparatos por parte de usuarios privados no está regulado en la mayoría de los países occidentales. Por lo general, solo se autoriza el uso por parte de determinadas autoridades públicas. O, como en el caso alemán, se permite un uso privado muy restringido, sustancialmente para aparatos de tamaño muy reducido, que vuelen a baja altura y a la vista del operador. En España, a falta de un marco legal específico, las autoridades del sector no han expedido ninguna certificación de aeronavegabilidad para estos aparatos, que por lo tanto no pueden legalmente volar.

Pero existe una intensa presión de la industria del sector y de los potenciales beneficiarios para que se liberalice su uso. En Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso ha requerido a las autoridades aéreas que fijen las reglas de esa liberalización para septiembre de 2015. En España, el Gobierno también prepara un borrador de real decreto sobre la materia.

En sustancia son dos los aspectos que hay que regular: el código de conducta que discipline cómo estos aparatos pueden utilizar el espacio aéreo; y los requerimientos a fabricantes, operadores, empresas de mantenimiento, etcétera, para garantizar la seguridad de los mismos.

En la era de la vigilancia total en la que de forma cada vez más evidente nos adentramos, este nuevo frente despierta serias preocupaciones. En EE UU, especialmente, el asunto ha causado un intenso debate. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, ha pedido que se prohíba el uso privado de estos aparatos mediante tratados internacionales aduciendo que pueden suponer un gran riesgo para la privacidad y la seguridad.

Ya en 2011 la American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado Protegiendo la intimidad de la vigilancia aérea en el que llamaba el legislador a adoptar normativas muy precisas que reduzcan los riesgos de abusos por parte de autoridades públicas.

Catherine Crump, una de las abogadas de la organización y coautora del citado estudio, explica en conversación telefónica que la “preocupación primaria [de la ACLU] es que los drones no se conviertan en un instrumento de vigilancia total”. “Hay que crear un marco legal”, prosigue Crump, “por el que las fuerzas de seguridad puedan hacer volar estos aparatos solo de forma puntual, cuando haya una sospecha determinada, cuando permitan hallar pruebas o detener un específico crimen. Hay que evitar que la policía pueda ponerlos en el aire sin una buena razón. Eso sería una violación de la privacidad. Además, si bien el uso por parte de las autoridades es nuestra preocupación principal, también hay que ser conscientes de que si se permite el uso a privados, estos también pueden abusar de esos aparatos”, argumenta Crump.

En Estados Unidos se ha visto recientemente cómo los jueces no han dudado en autorizar masivos e indiscriminados registros de comunicaciones. ¿Quién garantiza que no ocurra lo mismo con los drones? ¿Es necesaria una legislación ad hoc?

Mario Mairena, responsable de relaciones gubernamentales de la Asociación Internacional para Aparatos Aéreos no Tripulados (AUVSI, en sus siglas en inglés), sostiene que no. En conversación telefónica desde EE UU, presenta el punto de vista del sector: “Nosotros estamos por supuesto a favor del respeto absoluto de la privacidad. Quienes la violen tienen que responder. Pero creemos que, por lo general, la legislación vigente representa una garantía suficiente. Simplemente habrá que aplicarla a estos casos. Por otra parte, hay mucha confusión al respecto. Los aviones no tripulados no representan de por sí una revolución en la tecnología de la vigilancia. Estos sistemas tecnológicamente sofisticados ya se usan en aparatos tripulados. La única diferencia es que el operador está en tierra”, dice Mairena.

Los críticos señalan sin embargo que las reducidas dimensiones y costes que pueden tener los drones facilitan muchísimo más la tarea de vigilancia con respecto a los tripulados —y por tanto los riesgos—. Respecto a la idoneidad de los principios generales de la legislación vigente, Crump sostiene que no son una garantía suficiente. “En EE UU, por ejemplo, todavía no se ha aplicado a este sector la cuarta enmienda [de la Constitución, que protege al ciudadano ante pesquisas o registros arbitrarios]. No sabemos cómo se hará, y creemos que es arriesgado confiar todo el asunto a que se consolide una interpretación jurisprudencial adecuada. Es más prudente definir la protección específicamente por la vía legislativa”, sostiene Crump.

En el ámbito privado, hay sectores en los que las posibles aplicaciones de estos aparatos son claramente beneficiosas. Entre ellos figura el de los medios de comunicación, que podrían abaratar los costes de algunas coberturas informativas realizadas ahora con ayuda de helicópteros. Pequeños aparatos aéreos no tripulados ampliarían además notablemente la capacidad de acceder a zonas especialmente peligrosas (conflictos bélicos, desastres naturales, etcétera). Los derechos a la información y a la intimidad están claramente estipulados en las legislaciones de los países desarrollados, con lo cual lo más probable es que las normativas en este ámbito se extiendan a las coberturas realizadas con estos equipos.

Lo que inquieta a la ACLU es, sobre todo, que se produzcan abusos por parte de agencias gubernamentales. Según Crump, la regulación en el sector privado “tiene serias complicaciones”. “La libertad de los periodistas a fotografiar o grabar lugares públicos está justificadamente asentada y es difícil compaginar normativas que eviten violaciones de la intimidad a través del uso de aparatos aéreos no tripulados con la libertad de prensa”, dice.

Al menos por ahora, el uso de drones sigue sin estar regulado en la gran mayoría de los países desarrollados. Francisco Gayá, presidente de Flightech, una compañía española que trabaja en el sector, espera con gran interés que finalmente se regule la materia para poder dar un impulso decisivo al uso de estos aparatos. “Ya llegó el verano, y con él desgraciadamente volverán los incendios”, señala Gayá. “Y un año más, nosotros tenemos un modelo muy apto para realizar tareas antiincendios, pero no se podrá utilizar porque solo tenemos una certificación para uso experimental. ¡Llevamos más de seis años en esto!” se lamenta. Juan Ayanz, director de comunicación de Flightech, explica que España, a la espera de la aprobación del real decreto, se encuentra actualmente en un “limbo legal”. Las peticiones de este diario al Ministerio de Fomento y a la Agencia Española de Seguridad Aérea para hablar sobre este asunto no fueron atendidas.

Quienes abogan por la regulación insisten en el uso beneficioso que se está haciendo de estos aparatos en algunos países. En la otra orilla se colocan quienes ven sobre todo los peligros. En la comparecencia en la que el director del FBI admitió que su agencia ya utilizaba aviones no tripulados en territorio nacional, la senadora demócrata Dianne Feinstein, una de las voces más respetadas de esa cámara, declaró que “la mayor amenaza a la privacidad de los estadounidenses son los drones y su uso, y las muy pocas regulaciones que disciplinan su uso hoy”. En el intenso debate sobre privacidad y seguridad que agita estos días a las grandes potencias, los drones están llamados a desempeñar un papel esencial.

A juzgar por la cantidad de aeronaves no tripuladas que se exhibieron en una reciente muestra internacional en Washington, los llamados “drones” llegaron para quedarse, pero su utilización más amplia en el sector comercial está entorpecida por la falta de regulaciones.

Los drones tienen muchas ventajas: son más baratos que los aviones pilotados, pueden ser enviados a misiones peligrosas sin poner en peligro a tripulantes, y tienen además potencial más allá del campo militar.

Pueden ayudar a encontrar a excursionistas perdidos en el bosque, a examinar las cosechas, lidiar con los animales silvestres, rociar los viñedos, distribuir medicinas, explorar en busca de petróleo, jnspeccionar las líneas del tendido eléctrico e incluso hacer repartos.

El mayor obstáculo para el empleo civil de aviones no tripulados en EE.UU. es la falta de regulaciones. El organismo encargado de hacerlo, la Agencia Federal de Aciación (FAA), permite solo la utilización restringida de drones en áreas de poco tráfico como Alaska.

Los operadores deben solicitar un certificado experimental de navegabilidad para poder volar uno, lo que excluye según la FAA el transporte de personas o propiedades a cambio de pago, pero “permite operaciones para investigación y desarrollo, demostraciones de vuelo y ventas y adiestramiento de tripulantes”.

Eso es lo que AeroVironment planea hacer con su popular drone llamado Puma, según dijo Davod Heidel, gerente de mercadeo de la compañía.

“Tal y como se anunció hace un par de semanas buscaremos obtener la clasificación de categoría restringida que la FAA otorga para que nos permita volar el Puma en la región ártica, y allí inspeccionar fugas de petróleo, examinar la vida silvestre y la costa”, señaló.

La exposición efectuada en el Centro de Convenciones de Washington estuvo repleta de aviones y helicópteros no tripulados, pero también de aparatos aéreos y submarinos autónomos y otros que funcionan por control remoto.

Los fabricantes pusieron de relieve que sus vehículos, diseñados para uso militar, pueden ser transformados para emplearse en la vida civil.

“Damos servicio ahora a los militares, a la patrulla fronteriza, los bomberos, la policía”, dijo Jason Rittenhour, ingeniero de Aplied Research Associates, quien destacó que hay un interés especial en los equipos SWAT, para que dispongan de vista aérea de lo que quieren.

Pero el proceso de autorizar un mayor uso comercial de los drones avanza de manera más lenta que la tecnología porque la FAA no ha desarrollado políticas a fin de proteger la privacidad de los estadounidenses.

El Congreso puede considerar un proyecto de ley para detener el proceso hasta que la FAA complete un informe sobre asuntos potenciales de privacidad relacionados con los drones.

Mientras tanto, los fabricantes seguirán dependiendo de las compras de los militares y de las agencias policiales.